Era el paso que restaba, tras haber levantado los límites a este modelo de financiación el gobierno debía regular los requisitos que debieran cumplir las empresas o particulares para ser considerados inversores acreditados, una certificación que les permitiría inversión sin límite en los proyectos.
Tras su paso por el Consejo de ministros ya queda refrendado el proyecto de ley en el cual comenzamos a distinguir de manera más clara como se va a configurar esta modalidad de inversión que acaba con los límites al crowfunding aunque sólo en supuestos muy determinados.
Para obtener la certificación de inversor acreditado se deberá ser bien un inversor institucional o una empresa que supera límites de activo de más de 1 millón de euros, cifra de negocio de más de 2 millones de euros o recursos propios por encima de los 300,000 euros, asimismo, también podrán serlo aquellas personas físicas o jurídicas cuyos niveles de renta supera los 50,000 euros anuales o posean un patrimonio superior a 100,000 euros siempre que en estos dos casos se solicite de manera expresa el tratamiento como inversor acreditado.
La diferencia con los inversores no acreditados, es decir quienes no cumplan los requisitos anteriores estriba básicamente en los límites anuales a las inversiones, que no podrán superar 3000 euros por proyecto y 10,000 euros en conjunto entre todas las inversiones en diferentes plataformas. Además a estos inversores no acreditados se les exige una firma en la que, antes de adquirir compromisos de pago, admiten haber sido advertidos de los riesgos que comporta este modelo de inversión, se trata de una medida protectora según el ministerio de economía de los pequeños inversores minoristas en relación a las inversiones de riesgo.
La supervisión de las inversiones en este modelo de financiación colectiva queda a cargo de la CNMV interviniendo el banco de España si la actividad tiene que ver con la intermediación de préstamos.
